Nacionalidad: Sápara
Comunidad: Atatakuinjia
Provincia: Pastaza
Nema Grefa Ushigua es defensora del medio ambiente. Del 2018 al 2022 es reconocida Presidenta de la Nacionalidad Sapara del Ecuador. Tuvo que esperar 18 meses, para que se efectuará su reconocimiento por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Como lideresa de su Nación Sapara, ha liderado la lucha contra los impactos negativos del extractivismo petrolero, para su gente y su territorio.
En el 2001, la Unesco declaró a la nacionalidad Zápara, una de las siete nacionalidades que existen en la región amazónica, como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, debido a la amenaza de la lengua Sápara, hablada por solo unas pocas ancianas en su territorio.
En 2012, PetroAndes, le permitieron la explotación petróleo, en sus territorios, siendo bastante negativo para el medio ambiente. Grefa y las 23 comunidades filiales, durante varios años,se han mantenido firmes en recuperar sus territorios y no permitir la explotación petrolera. Ella y su comunidad se encuentran en constante riesgo al desafiar a los grandes intereses económicos de las compañías petroleras y mineras en sus territorios ancestrales.
En 2021, presentó una acción de protección en el Consejo de la Judicatura de Pastaza, contra el Ministerio de Agricultura, por haber entregado a la asociación Naruka, 250 mil hectáreas, que representan el 70% de sus territorios. Esto con la finalidad de que el Ministerio revierta su decisión, de entregar sus territorios, a una organización que no corresponde a la nacionalidad Sapara.
Nema Grefa, no está sola en la lucha en defensa del medio ambiente, con ella se encuentran: Salome Aranda, Patricia Gualinga y Margoth Escobar, las cuatro son integrantes del Colectivo Mujeres Amazónicas agredidas por las industrias extractivas. Desde su creación, Nema Grefa y su Colectivo han reclamado al Estado ecuatoriano detener la intervención de compañías petroleras y mineras en su territorio.
En el 2019 Amnistía Internacional, pública el informe “No nos van a detener”, donde expone errores de la Fiscalía General, ante los ataques y amenazas de muerte contra defensoras amazónicas. Con el informe Amnistía Internacional exigió al Estado ecuatoriano, que implemente una política pública de protección a personas defensoras de los derechos humanos.