No resuleve el problema de la minería ilegal y genera terror en la población local

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El lunes 18 de abril del 2022, la comunidad de la Merced de Buenos Aires, población campesina, de las montañas norteñas de la provincia de Imbabura, amaneció con la presencia de aproximadamente 500 efectivos de las fuerzas armadas, que llegaron en buses, camiones y vehículos militares.

El contingente militar arribó en la tarde del domingo 17 de abril y se dio al mismo tiempo que, en la comunidad se realizaba una asamblea organizada con la finalidad de que el Presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos Asmbleista Fernando Cabascango realice la entrega de certificados de amnistías a 26 personas, que fueron injustamente criminalizadas por su defensa de la naturlaeza y los derechos individuales y comunitarios.

No es la primera vez que en la comunidad arriban las fuerzas estatales; en 2019 se realizó un operativo con el objetivo de desalojar la minería ilegal. Fueron al menos dos mil efectivos entre militares y policías. Este operativo nominado, «Nuevo amanecer», consistió en la declaración de estado de excepción en el territorio de Buenos Aires y la expulsión de toda persona no perteneciente a la comunidad.

Si bien, el fin del operativo «Nuevo amanecer» se presentó como una solución definitiva frente a la tragedia causada por la minería ilegal, la tranquilidad nunca llegó, sino todo lo contrario. El asedio militar se sostuvo de manera sistemática, el cual aumentó cuando la gente se organizó en resistencia contra la minería en todas sus formas, y lamentablemente se mantuvieron las operaciones mineras ilegales a vista y paciencia de los militares establecidos en el lugar para ganrantizar que no hubierna más activiades mineras.

A pesar de que la empresa Hanrrine recibió las concesiones de exploración y explotación minera en este territorio en noviembre de 2017, nunca realizó la consulta ambiental que ordena la Constitución. En este contexto, la población se organiza y evita el ingreso de la empresa Hanrrine al centro poblado. Si bien, por un periodo de tiempo la empresa dejó de insistir, continuaba trabajando por vías alternas. Posteriormente, en octubre del 2020, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) solicitó a la empresa, por pedido de la comunidad, que se retire y abandone los campamentos, dándole un plazo de 15 días. Como no hubo respuesta, la población se organizó en una marcha masiva dirigiéndose al campamento ubicado antes de llegar al pueblo. La policía esperaba la llegada de los manifestantes para desplegar toda su represión.

En octubre de 2020, la población se organiza en torno a BUPROE que es una organización creada para la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. En abril del 2021, cuando Hanrrine intentó ingresar nuevamente con toda su maquinaria y personal, no logró hacerlo por cuanto la poblaciópn local impidió el ingreso de la empresa al centro poblado y decidió mantenerse en vigilia permanente haciendo uso de su derechos constitucional a la resitencia reconocido el el artículo 98 de la Constitución.
En medio de esta tensión y conflicto, que duró más 100 días , la enorme caravana de vehículos y trabajadores quedaron varados intencionalmente en la vía pública, impidiendo el libre tránsito de sus pobladores y generando episodios de violencia, y exponiendo la salud de la población a causa del COVID y la falta de condiciones sanitarias adecuadas, por esta razón la población solicitó medidas cautelares que fueron otorgadas por el Juez multicompetente del cantón Urcuqui, Manuel Sucuzhañay, exigiendo que la empresa se retire inmediatamente, cosa que no pasó, las medidas cautelares fueron archivadas argumentando que ya habían sido cumplidas, lo cuál no era cierto. Un día después, Hanrrine, presentó una acción de protección contra la policía nacional por su inoperancia en proteger los inetres de la empresa minera. El Juez de Quito, quien fue a la madrugada elegido por la empresa aceptó esta medida cautelar y obligó a la policía nacional a ingresar al territorio para que atacara a la población local que estaba en vigilia y despejar así el camino que estaba ocupado por los defensores que se encontraban en vigilia y resistencia.

El 3 de agosto del 2021 la Policía Nacional, a las 3 de la mañana, en un operativo, con la participación de más de 500 policias hombres arremetió contra mujeres de todas las edades que estaban en primera línea resistiendo de manera pacífica y las atacaron de manera brutal; cabe destacar que el operativo no incluir la presencia de mujeres policías.

La minería ilegal sigue activa en las montañas bonaerenses a vista y paciencia de la policia y militares presentes en la zona. La población sigue atemorizada por la presencia de efectivos en la comunidad. Lejos de erradicar la minería ilegal, facilita las condiciones para que la minería tanto legal como ilegal continúe realizando todas sus operaciones de exploración, explotación, procesamiento y transporte del material aurifero. Generando daños sociales y ambientales irreparables, rompiendo el tejido social y la vida de la comunidad.