El presidente de la república Guillermo Lasso, pretende declarar en enero de 2023, vía decreto ejecutivo, como Áreas Reservadas de Seguridad a 11 proyectos mineros. Se trata de un plan de seguridad en donde las Fuerzas Armadas podrán intervenir “en casos de minería ilegal y ataques o incidentes en los campamentos”.

El plan para dar protección militar incluye 11 proyectos, entre estos: La Plata (mina polimetálica/Cotopaxi/Atico Mining Corporation), Curipamba Sur (cobre y oro/Bolívar/Adventus Mining y Salazar Resources), Loma Larga (oro y plata/Azuay/Dundee Precious Metals), Río Blanco (oro/Azuay/Junfield Ecuador SA.), Mirador (cobre/Zamora Chinchipe/Ecuacorriente), Fruta del Norte (oro/Zamora Chinchipe/Lundin Gold), Ruta del Cobre (cobre/Azuay/ Compañía Minera Ruta de Cobre SA.), Imba 2 (oro/Imbabura/Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining SA.), Cascabel (oro, plata y cobre/Imbabura/SolGold); y, Warintza (cobre/Morona Santiago/Solaris Resources).

No podemos olvidar que el Estado ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa (diciembre 2016 y principios de 2017), implementó esta medida en el territorio Shuar declarando Área Reservada de Seguridad al proyecto de cobre San Carlos Panantza, propiedad de la empresa minera china ExplorCobres SA. (EXSA), ubicado en la provincia amazónica de Morona Santiago. Hubo la intervención masiva de grupos especiales de la Policía y miembros del Ejército que se mantuvieron en la zona por varios meses.

Desde las primeras intervenciones de represión brutal, con la finalidad de desalojar de sus tierras a los comuneros, se produjo el desplazamiento masivo en las comunidades de Tsumsuim, San Pedro de Punyus, Kutuku, Nankins de aproximadamente 600 personas. Afectando así todos los derechos colectivos y humanos de las comunidades indígenas mencionadas. En su mayoría, los desplazados fueron mujeres, niños/as y ancianos; los hombres, por temor a los procesos penales en curso, se recluyeron en la selva.

Frente a este caso, el 14 de septiembre de 2022 la Corte Constitucional, dictó una sentencia que declara la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada y exige al Ministerio de Ambiente que pida disculpas públicas al pueblo Shuar. Las comunidades que fueron desplazadas aún demandan que les devuelvan sus territorios de los que fueron brutalmente despojados.

Esa historia, que no podemos olvidar, es la que se pretende imponer nuevamente y multiplicar los efectos de los desalojos y violencia de Estado en contra de los pobladores de los territorios concesionados.

Denunciamos que el propósito de garantizar el interés económico de unas pocas empresas y personas en desmedro del interés y el bien común de millones de ecuatorianos, es absolutamente claro desde los primeros decretos ejecutivos emitidos por el actual Gobierno, perjudicando así la economía nacional para pagar las millonarias demandas internacionales de estas empresas.

En tal sentido, para la industria minera es una condición imprescindible contar con un marco jurídico que les brinde las garantías de inversión y les permita recurrir al arbitraje internacional de inversiones, cuando los países deciden aumentar sus impuestos, hacer más estrictas las regulaciones ambientales o las normas que protegen a los pueblos indígenas, o cuando los conflictos sociales llegan a un nivel que impide las operaciones mineras.

Este es el caso de la compañía minera china Junefield Gold Investments Limited, que presentó un arbitraje de inversiones contra Ecuador ante un tribunal ad hoc sobre el proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia Molleturo, provincia del Azuay, que tiene una suspensión de operaciones por una orden judicial, debido al incumplimiento de la consulta previa, libre e informada. Junefield reclama al Estado ecuatoriano una indemnización de 480 millones de dólares por la suspensión del proyecto. Llama la atención que coinciden las mismas fechas en que Junefield anuncia la demanda con los ataques de brutal violencia en contra de los defensorxs de la naturlaeza en el territorio de Río Blanco y que resultó en el asesinato de Alba Bermeo, que estaba embarazada de 5 meses.

Los problemas sociales provocados por la imposición de proyectos mineros no se resuelven con decretos para la protección a las inversiones, sino con observancia y respeto a los derechos y las demandas de las comunidades, y de las organizaciones que las representan. Los conflictos van a seguir mientras exista injustica ambiental, social y económica. Consideramos que la represión no va a resolver la injustica, todo lo contrario, va a exacerbar y agravar la conflictividad social.

La intervención de militares y policías tendrá graves consecuencias en las comunidades afectadas, debido a que son territorios muy diversos, con flora y fauna que en muchos casos está en peligro de extinción; además, estos territorios son fundamentales para el desarrollo de la vida y cultura de poblaciones indígenas y campesinas que, en caso de desalojos o desplazamientos provocados por las actividades mineras, perderán sus medios de vida y quedarán en un estado de vulnerabilidad.

Como Saramanta Warmikuna responsabilizamos al Estado ecuatoriano de estas consecuencias, ya que, al militarizar 11 territorios a nivel nacional, atentará contra la economía, subsistencia y modos de vida de poblaciones a las cuales no se les ha consultado, en donde ya existen conflictos socioambientales a causa de la minería, y además se pretende intervenir de manera violenta, intimidatoria y haciendo uso de las armas.