Saramanta Warmikuna

7 de noviembre de 2024

La violencia expresada en la presencia militar ocurrida en la comunidad de Palo Quemado, en Sigchos-Cotopaxi, la medianoche del domingo 27 de octubre, es un claro anticipo del escenario siniestro que rodea al proyecto minero La Plata, concesionado a la empresa canadiense Atico Mining.

De acuerdo con testimonios de pobladores de Palo Quemado, primero llegaron funcionarios del MAATE custodiados por ocho camiones llenos de militares armados y un gran contingente de policías que se unió varias horas después. «Tienen tapadas las placas», denunció una comunera.

El propósito de este operativo fue culminar la consulta ambiental que quedó suspendida en marzo debido a los niveles de violencia desatada por 700 policías y militares que arremetieron contra una población de ganaderos, agricultores y artesanos, dejando a más de cien personas acusadas de terrorismo, varios heridos, e incluso a una persona en estado de coma. Además, luego de que en esa intervención los militares pernoctaron en el centro educativo, la comunidad mostró mucha preocupación por la seguridad de las niñas y niños, que fueron expuestos a requisas inapropiadas y exageradas que les afectó psicológicamente.

Lo del domingo 27 de octubre tuvo similares características en cuanto al despliegue de las fuerzas de seguridad (de seguridad?), pues la imposición de este proyecto minero va con una premeditada violencia y todo tipo de atropellos contra quienes no se alinean con los intereses de Ático Mining. Sin embargo, en este segundo intento, el plan les falló. Los militares y policías tuvieron que retirarse al día siguiente porque la “Junta de Defensa del Campesinado”, conformado por personas externas, ajenas a la comunidad, y que es el grupo al que se contrató para ser “consultado”, no pudo instalarse en Palo Quemado.

A pesar de todo el contingente estatal y privado desplegado al servicio de la empresa extranjera, la autoridad local, en ejercicio de sus facultades, no dio el permiso de uso de espacios públicos, y no pudieron instalar las mesas para la consulta, como esperaban la empresa y el gobierno, siguiendo su mañoso y truculento acuerdo.

Esto pone en evidencia la existencia de un patrón confabulado a nivel nacional para realizar la consulta ambiental, que a más de la violencia incluye la contratación de personas para que firmen el registro de socialización sobre el proyecto minero. De esta manera, se cumplen los pasos necesarios para la obtención de la tan deseada licencia ambiental.

El escenario descrito muestra una realidad que está imponiéndose sobre todo en los territorios donde se encuentran proyectos mineros con capital canadiense. El acelerado proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio Ecuador–Canadá dará un blindaje jurídico a estas prácticas y la anunciada apertura del catastro minero ampliará las fronteras territoriales para nuevas operaciones mineras basadas en esta forma sistemática de violación de derechos humanos.

Es una declaratoria de guerra contra las comunidades y la naturaleza, basada en la voluntad política de impulsar Áreas Reservadas de Seguridad (ARS) a partir de un acuerdo entre el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio de Defensa que se aplica sobre 14 proyectos mineros, entre los que se encuentra el proyecto La Plata, de Atico Mining en Palo Quemado y Las Pampas. También están considerados los proyectos Loma Larga (en Kimsacocha, empresa Dundee Precious Metals), Curipamba-El Domo (en Las Naves, empresa Silvercorp), Ruta del Cobre/Fortuna (en Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, empresa Lucky Minerals), Cangrejos (en El Oro, empresa Lumina), Warintza (Zamora Chinchipe, empresa Solaris).

Además, está el hostigamiento virtual y presencial contra integrantes de la Asociación de paneleros Flor de Caña, instancia que lidera campañas de sensibilización por el cuidado de la tierra y el agua ante la amenaza de la explotación minera del proyecto La Plata.

No haber podido concluir en marzo la consulta ambiental es algo que preocupa enormemente a Atico Mining porque es un requisito para obtener la licencia de explotación minera. Por eso, pobladores de Palo Quemado alertan sobre un regreso de los militares en los próximos días, para completar la consulta.

Desde Saramanta Warmikuna rechazamos la imposición violenta del proyecto minero La Plata y la persecución a las mujeres defensoras de la naturaleza. Estas prácticas nada tienen que ver con el Sumak Kawsay que promueve nuestra Constitución. Responsabilizamos al Estado y a la empresa Atico Mining sobre estos hechos.