La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales ha convocado a una conferencia de prensa sobre el caso de Máxima Acuña, habitante de territorios pretendidos por la empresa minera Yanacocha, en Cajamarca (Perú) que está siendo hostigada para que abandone su lugar, la protección de su tierra y de las lagunas que permiten su vida y su trabajo.
En la ocasión, se le hace entrega a Máxima -ya un símbolo de la resistencia al extractivismo- de las 116.572 firmas recogidas en su apoyo a lo largo de todo el continente en una campaña impulsada por la Red Latinoamericana de mujeres, la coordinadora de mujeres por el agua, la vida y la Paz y desde la pagina de Salva la Selva.
Esta actividad forma parte de la Caravana a la COP 20 que trajo a Lima mujeres activas contra el abuso de mineras, petroleras y otros avances extractivistas en Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Colombia y El Salvador.
Aprovechamos la ocasión para celebrar el coraje y la perseverancia de todas las mujeres que se levantan a diario en defensa de su tierra, del agua y la naturaleza que les da vida.
• ¿Quién es Máxima Acuña?
Es la cajamarquina propietaria de un terreno que ambiciona la empresa Yanacocha. Su casa queda frente a la Laguna Azul, una de las lagunas que serán afectadas por el Proyecto Minero Conga y que forma parte de la cabecera de cuenca de Celendín: esta laguna es el corazón de muchos ríos que irrigan el campo donde miles de campesinos siembran y cosechan la tierra de donde sale nuestro alimento.
• ¿Cuál es su situación?
Un juez sentencia a Máxima Acuña a ser desalojada, a 2 años y 8 meses de prisión suspendida y pago de 5.500 soles a la minera Yanacocha por supuesta usurpación de tierras.
En el proceso judicial contra Máxima Acuña y su familia, se han documentado los hechos que se detallan a continuación. La familia Chaupe Acuña tiene y ha presentado en juicio un documento de compra-venta del terreno en litigio (Tragadero Grande) que data el año 1994. Así mismo presentó un certificado de posesión otorgado el mismo año por la comunidad de Sorochuco que los acredita como comuneros y posesionarios del bien.
La Minera Yanacocha argumenta que el año 2001 adquirió un conjunto de predios (5,700 Hectáreas) a la comunidad campesina de Sorochuco y asume que dentro de éstas se encuentran el terreno en litigio. En juicio presentaron estos títulos de propiedad, pero en los mismos no obra el predio Tragadero Grande, en ese sentido la empresa no ha probado en juicio ser propietaria del terreno de la familia Chaupe ni estar en posesión del mismo.
La defensa legal de Máxima presentó un peritaje georeferencial realizado por la Universidad Nacional de Cajamarca, el cual demuestra que el terreno en litigio no forma parte de las tierras adquiridas por Minera Yanacocha; sin embargo este estudio técnico que forma parte del expediente judicial no fue considerado al momento de dictar la sentencia.
Queda claro que NO EXISTE NINGUN DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LA FAMILIA CHAUPE VENDIO SUS TIERRAS A YANACOCHA, la empresa tampoco ha probado haber estado en posesión del terreno. El argumento presentado y curiosamente aceptado por el juez es que a 100 metros del predio construyeron una carretera, de lo cual no tienen documento probatorio y que hacen vigilancia porque a un quilómetro tienen garita de control.
• ¿Qué reclaman las 116.572 firmas dirigidas al estado peruano y entregadas hoy a Máxima?
“Condenada por empresa minera: ¡Máxima es inocente!” se titula la petición en www.salvalaselva.org, que ha reunido firmas para “impedir el desalojo, que cese el acoso y violencia contra Máxima por defender la tierra y las lagunas de Conga”.
“Los y las firmantes manifestamos al Estado peruano que la violación de los derechos a la propiedad, la seguridad, al libre tránsito, del derecho a la vida y vivir en paz es evidente y solicitamos se respete el derecho a vivir dignamente en un ambiente sano que a las y los ciudadanos asiste. Y ante la violencia, el acoso judicial, policial y psicológico que sufre Máxima Acuña y su familia para favorecer a la Minera Yanacocha a fin de imponer el proyecto minero Conga, solicitamos a la Fiscalía de la Familia, a la Comisión de Mujeres Parlamentarias, a la Defensoría de la Mujer, al Ministerio de la Mujer, al Tribunal Constitucional y demás instancias peruanas responsable de velar por la vida y seguridad de las mujeres y sus familias y de los derechos humanos que:
-Cese la violencia, persecución legal y tortura emocional a Máxima Acuña y su familia, por parte de minera Yanacocha.
-El respeto de sus derechos de propiedad, libre tránsito, salud y vida.
-La realización un juicio justo basado en medios probatorios.
-La reparación por los daños a la propiedad, lesiones físicas, gastos incurridos y sufrimiento emocional.
-Se derogue la ley que permite que las fuerzas policiales como la DINOES operen bajo contrato privado como seguridad de las empresas mineras.
-Que el Estado Peruano garantice la vida, salud y medios de subsistencia de Máxima y demás miembros de su familia y comunidad”.
