El precio del oro: Conflictos y daños ambientales en la mina más grande de Sudamérica

El precio del oro: Conflictos y daños ambientales en la mina más grande de Sudamérica

Yanacocha, ubicada en el corazón de Cajamarca, Perú, es la mina de oro más grande de Sudamérica y una de las más grandes del mundo. Su nombre proviene del quechua y significa «Laguna Negra», en referencia a una formación acuífera de 3.5 hectáreas que ya no existe. Descubierta en 1982, la veta de oro fue identificada y, tras varios años de estudios de factibilidad, la mina comenzó a operar en 1993. Hoy, Yanacocha ocupa una superficie de 179,478 hectáreas distribuidas en 259 concesiones mineras. A su vez, la empresa es propietaria de otras 163 concesiones en la zona denominada Chaupilloma Dos, con una extensión de 108 mil 569 hectáreas. En su conjunto, el grupo Yanacocha abarca 288 mil 047 hectáreas en el departamento de Cajamarca.

La minería a gran escala de Yanacocha ha estado en el centro de múltiples disputas por la expropiación de tierras, ya que las áreas donde se desarrolló el proyecto originalmente estaban dedicadas a la agricultura y la ganadería. Los campesinos que vivían en estas tierras fueron desplazados sin haber sido informados de los recursos minerales debajo de sus propiedades. La falta de transparencia y la presión para expropiar terrenos dio como resultado que los campesinos recibieran solo una fracción del valor real de las tierras,  causándoles un perjuicio económico calculado en más de diez millones de dólares.

El conflicto entre la población local y la minera ha sido constante. En 1994, la ruptura entre Newmont y BRGM de Francia marcó el inicio de una serie de tensiones judiciales y políticas, vinculadas a sobornos del más alto nivel. En 1999, se denunció la contaminación del agua potable en Cajamarca, pero las investigaciones fueron intervenidas por la propia Yanacocha para evitar que los informes finales fueran desfavorables. A lo largo de los años, los problemas ambientales se multiplicaron, incluyendo un derrame de mercurio  en Choropampa en el año 2000, filtraciones de cianuro en 2001, y la contaminación de ríos con metales pesados. Los daños a la salud de la población local y el impacto ambiental fueron evidentes, pero la respuesta de la empresa fue lenta y, en muchos casos, insuficiente.

Las protestas sociales contra las actividades de la minera se intensificaron con el paso de los años. En 2004, campesinos y urbícolas de Cajamarca se opusieron al intento de iniciar la explotación de oro en el cerro Quillish, un área vital para el suministro de agua potable de la ciudad. Las movilizaciones masivas lograron frenar el proyecto. En 2006, tras un bloqueo de la carretera a la mina, la empresa acordó un aporte voluntario del 3.75% de sus ganancias netas, comprometiéndose a mejorar las infraestructuras locales. Sin embargo, los conflictos continuaron, con bloqueos y enfrentamientos con la policía en 2007, y la protesta masiva de los cajamarquinos en contra del Proyecto Conga en 2011 y 2012, que finalmente fue paralizado debido a la violencia y la represión que causaron la muerte de al menos cinco campesinos.

A pesar de las tensiones y los conflictos sociales, Yanacocha ha logrado producir más de 40 millones de onzas de oro y 30 millones de onzas de plata desde su apertura, con una valuación actual de la producción que alcanza los 107,352 millones de dólares. Sin embargo, desde el 2007, la producción ha disminuido considerablemente debido al agotamiento de los recursos minerales en la zona.

El tipo de operación minera utilizada en Yanacocha es la minería a tajo abierto, un proceso que implica la destrucción masiva de montañas y superficies con explosivos para extraer el mineral disperso en la roca. La lixiviación por cianuro es el método principal para separar el oro y otros metales de la roca, utilizando una solución diluida de cianuro de sodio. Este proceso es altamente tóxico y ha generado grandes preocupaciones sobre su impacto en la salud humana y el medio ambiente.

Los efectos ambientales de la operación minera son devastadores. La contaminación de los ríos, la destrucción de la fauna y la flora local, y la afectación de la calidad y disponibilidad del agua en la región han sido algunos de los impactos más visibles. Las cuencas hidrográficas afectadas incluyen el Río Chonta, la Quebrada Honda, el Río Rejo y el Río Porcón, que son vitales para las comunidades cercanas. El drenaje ácido generado por la minería y la lixiviación de metales pesados han contaminado los cuerpos de agua, lo que pone en riesgo la vida acuática y la salud de los habitantes de la región.

Mas o menos el 70% de la ciudad es abastecida por las instalaciones de El Milagro, las cuales toman agua del río Grande, aguas abajo de las operaciones de Yanacocha (Prof. Nilton Deza, Universidad Nacional de Cajamarca). Tomado de “El Proyecto minero CONGA, Perú: Comentarios al estudio de impacto Ambiental EIA y temas relacionados, Robert Moran, 2012.”

El 31 de octubre del 2022, Cajamarca se queda sin acceso al agua potable. Medios de comunicación local dan a conocer las declaraciones del Gerente de la empresa prestadora de agua SEDACAJ, el cual señala que minera Yanacocha decidió cerrar las compuertas de agua de la represa de río Grande. Voceros de Yanacocha admitieron que cerraron las compuertas del dique de río Grande causando el desabastecimiento de agua a la ciudad de Cajamarca.

¿Qué entidad pagará, operará y mantendrá el complejo Sistema de ingeniería una vez que cierre la mina para dar agua tratada a la población de Cajamarca? Está claro que es imposible garantizar que una corporación como Newmont o Buenaventura, o cualquier otra empresa seguirá existiendo siquiera de aquí a cien años, mucho menos a perpetuidad.

Yanacocha sigue siendo un símbolo de los conflictos entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, así como de la lucha por los derechos de las comunidades afectadas por la minería en Perú. La historia de esta mina continúa siendo un recordatorio de los costos sociales y ambientales que pueden implicar las grandes operaciones mineras, y de la necesidad urgente de una regulación más estricta para proteger a las personas y el medio ambiente.

Foto reportaje: Iván Castaneira