En la provincia de Espinar, Cusco, la minería de cobre ha dejado un rastro de contaminación, enfermedades y conflictos sociales. Mientras la multinacional Glencore expande sus operaciones, las comunidades indígenas k‘ana enfrentan la pérdida de sus tierras, la contaminación del agua y graves riesgos para su salud. A pesar de las denuncias y estudios que evidencian los daños, ni el Estado ni la empresa asumen responsabilidades plenas. ¿Quién responde por los afectados?

En el altiplano andino del sur de Cusco, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la provincia de Espinar, hogar de la comunidad indígena k‘ana. Durante siglos, estas comunidades han vivido del pastoreo, la agricultura y el comercio. Sin embargo, desde la década de 1980, la minería de cobre ha transformado radicalmente su territorio y su forma de vida. Lo que comenzó con la mina Tintaya, explotada por el Estado peruano, se convirtió en un negocio a gran escala en manos de multinacionales como BHP Billiton, Xstrata y, finalmente, Glencore, que adquirió la mina en 2013. Hoy, Espinar es una de las zonas mineras más importantes de Perú, el tercer exportador mundial de cobre. Pero este «progreso» tiene un costo altísimo: la salud de sus habitantes y el equilibrio ambiental están en riesgo.

Contaminación y enfermedades: un problema que no cesa
Estudios oficiales y organizaciones como Amnistía Internacional han documentado niveles alarmantes de metales tóxicos en la población de Espinar. Análisis realizados por el Instituto Nacional de Salud revelaron que el 97,3% de las personas examinadas tenían plomo en la sangre. En 2018, Amnistía Internacional confirmó que todos los habitantes analizados presentaban arsénico, cadmio o plomo en niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El 58% de ellos tenía arsénico por encima de los límites permitidos. Estas sustancias, asociadas a enfermedades renales, cáncer y problemas neurológicos, han convertido a Espinar en una zona de emergencia sanitaria.

Pero la contaminación no se limita al cuerpo humano. Las fuentes de agua de la región han desaparecido o están contaminadas con metales pesados. Estudios del Ministerio del Ambiente y del municipio de Espinar han confirmado que el agua no es apta para el consumo humano. Las comunidades dependen del suministro de camiones cisterna proporcionados por la empresa minera, una solución temporal que no resuelve el problema de fondo. A pesar de que existen planes gubernamentales para rehabilitar las fuentes de agua y brindar atención médica, estos esfuerzos han sido insuficientes. Los centros de salud locales carecen de recursos para enfrentar una crisis de esta magnitud.

Expansión minera y violación de derechos indígenas
Mientras la población sufre las consecuencias de la minería, Glencore avanza con sus planes de expansión. El Proyecto Coroccohuayco, que ampliaría las operaciones mineras a más de 23.000 hectáreas, afectaría a 13 comunidades campesinas de la etnia k‘ana. Según el Convenio 169 de la OIT, las comunidades indígenas deben ser consultadas y dar su consentimiento antes de cualquier proyecto que afecte sus territorios. Sin embargo, Glencore ha ignorado este mandato, negándose a analizar el impacto sobre los derechos colectivos de las comunidades y a elaborar un plan de reasentamiento adecuado.

El municipio de Pacopata, por ejemplo, perdería el 86% de su territorio si el proyecto avanza. Para las comunidades indígenas, esto no solo significa la pérdida de sus tierras, sino también de su identidad cultural y su forma de vida. «No nos oponemos al desarrollo, pero queremos que se respeten nuestros derechos», afirma un líder local. Las protestas y movilizaciones se han vuelto recurrentes, pero las respuestas del Estado y la empresa han sido insuficientes.

Un futuro incierto
La experiencia de Espinar es un reflejo de los desafíos globales que enfrentan las regiones mineras. Mientras el mundo avanza hacia una transición energética y la demanda de metales como el cobre aumenta, las comunidades locales pagan el precio más alto. La minería industrial a gran escala ha dejado un saldo de contaminación, enfermedades y conflictos sociales que superan con creces los beneficios económicos.

A pesar de las denuncias y los estudios que evidencian los daños, ni el Estado ni Glencore han asumido responsabilidades plenas. Los planes de rehabilitación y atención médica han quedado en el papel, y las comunidades continúan luchando por su supervivencia. «Nos sentimos abandonados», dice una madre de familia afectada por la contaminación. «Nuestros hijos están enfermos, nuestra agua está envenenada, y nadie hace nada».

En el umbral de una nueva era energética, Espinar se convierte en un recordatorio urgente: el progreso no puede construirse sobre el sacrificio de los más vulnerables. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo seguirán siendo invisibles las voces de quienes sufren las consecuencias de la minería?

La historia de Espinar es una llamada de atención para el mundo. Mientras el cobre alimenta industrias globales, las comunidades indígenas de los Andes peruanos luchan por su derecho a un ambiente sano y una vida digna. El caso de Espinar no es solo un problema local; es un reflejo de los desafíos que enfrentamos como sociedad global en la búsqueda de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Foto reportaje : Iván Castaneira y Javier Guaman