Los derechos de la Naturaleza
Las Mujeres Amazónicas, invitadas y ponentes en el Simposio Internacional por la preservación de la biodiversidad
Javier Ruiz QUITO-PUYO (ECUADOR)
El pasado 28 de septiembre se cumplían 10 años del referéndum que aprobó la nueva Constitución ecuatoriana, que reconocía por primera vez los derechos inherentes y la legitimación de la Naturaleza en su sistema jurídico. Supuso una innovación esperanzadora ya que fue la primera y, a pesar de que sus preceptos se siguen ignorando en el propio país que los legisló, desde entonces al menos siete naciones incluyen a la Naturaleza como sujeto de derecho en sus legislaciones, al igual que lo hace la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, de ahí su gran importancia.
Con tal motivo, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN), con la colaboración de otras organizaciones y entidades, universidades y sus propios miembros, organizó el Simposio Internacional por los Derechos de la Naturaleza, el 28 y su víspera, el 27 de septiembre, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Las Mujeres Amazónicas, unas 20, estaban invitadas y esperaban a algunas, como Patricia Gualinga, que iba a ser ponente en uno de los paneles organizados, o Zoila Castillo, vicepresidenta del Parlamento Indígena Amazónico, con la que contaba la organización para la ceremonia de apertura. Las acompañamos.
Rectores, doctores y doctoras, el vice canciller ecuatoriano, Andrés Terán; su ministro de Ambiente, Humberto Cholango, académicos y académicas, juristas, profesores y profesoras universitarios y líderes y lideresas de pueblos originarios e indígenas de diferentes regiones del mundo, activistas, economistas, funcionarios gubernamentales, artistas, autores y ecólogos de 17 diferentes países… Representantes de tan variada procedencia figuraban entre los ponentes y participaron, sumando las dos jornadas, unas 600 personas de 73 países. Entre ellos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia (Nueva Caledonia), India, Reino Unido, Sudáfrica, Nigeria, México, Brasil o Australia.
Pueblo Otomí de México
Allí estaba el coordinador de Consejo Regional Otomí-Hñahñu y cuidador de la filosofía y las tradiciones del Pueblo Otomí de México, Mindahi Bastida, o la lideresa del Pueblo Arahuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, y doctora en Derecho por la Universidad del Rosario y docente de la misma, Ati Quigua. También se veía la inmensa figura de Casey Camp-Horinek, de la Nación Ponka de Oklahoma (Estados Unidos) activista, actriz, baterista y dirigente de su pueblo, que jugó un papel primordial en la redacción y adopción del Primer Tratado Internacional de Mujeres Indígenas, o al sanador y líder tradicional akameno (autoridad) de la Nación Sápara de la Amazonia de Ecuador, en peligro de desaparecer, Manari Ushigua. Las avispas lucían sus plumas, pinturas e indumentarias tradicionales, como en cualquier acto de su agenda oficial.
“Los objetivos políticos, económicos y sociales de los seres humanos deben subordinarse a los ciclos de vida y leyes que surgen de los sistemas naturales. Reiteramos que el cambio de paradigma en el modelo actual es una prioridad urgente” dice la declaración final del Simposio elaborada a partir de los temas tratados, “una declaración de principios”. Denuncia también que “la forma antropocéntrica de entender a la Naturaleza nos ha llevado a una crisis ecológica sin precedentes en la historia de la Tierra, que está devastando la vida en el planeta y que se manifiesta en el deterioro de los ecosistemas originales, en el cambio climático, con extinciones masivas de especies de animales y plantas, en la contaminación de las fuentes de agua y los océanos, la disrupción del ciclo natural del agua, en la desigualdad social, la hambruna, la inseguridad de la soberanía alimentaria y en otra crisis energética”.
Dignidad de los pueblos
También consideran que los Derechos Humanos “deben estar en armonía con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa; la plena vigencia de los mismos sólo se garantizará con el ejercicio efectivo de los demás, y viceversa. La promoción y protección de los Derechos de la Naturaleza promoverá la dignidad de las personas y los pueblos y la armonía del ser humano con la Madre Tierra”. Y resuelven declarar el periodo comprendido entre 2018 y 2028 Década de los Derechos de la Naturaleza, dado que se trata de un momento “crucial en la historia en el que la humanidad se enfrenta a decisiones clave para garantizar su supervivencia, rectificando y derogando ciertas decisiones políticas y prácticas económicas que en los últimos siglos han provocado un deterioro en la calidad ambiental y la integridad territorial de la Madre Tierra”, por lo que piden su aceptación y promoción por los Estados y, especialmente, por Naciones Unidas. Pero, ¿seremos capaces de llevar a cabo el cambio?, ¿de entender la vida y aplicar la ley desde una perspectiva menos antropocéntrica y más ecocéntrica?…Nos va la vida en ello.
Con todas las de la Ley
Intrumentos legales de ámbito internacional
Cuatro son los instrumentos legales de ámbito internacional que sustentan jurídicamente la resistencia de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador y del resto de Latinoamérica, además de la Constitución del país de 2008:
– El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 (Convenio 169).
– Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de 2007 (DU).
– Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por aclamación por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio de 2016.
– La jurisprudencia establecida por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Obligaciones de los Estados
Siguiendo los preceptos de este marco legal para garantizar la efectiva protección del derecho a la propiedad de las tierras y territorios que los pueblos indígenas han ocupado, poseído o usado tradicionalmente, los Estados deben:
– Respetar y proteger el derecho que tienen los pueblos indígenas de mantener y fortalecer la relación espiritual que tienen con sus tierras, territorios y recursos naturales, como aguas y mares costeros (DU, art. 25).
– Reconocer y adjudicar jurídicamente las tierras y territorios que los pueblos indígenas ha usado tradicionalmente. Este reconocimiento debe respetar las leyes, costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia y transferencia propios de los pueblos indígenas (DU, art. 27).
– Adoptar medidas para impedir toda desposesión o enajenación de las tierras, territorios o recursos de los pueblos indígenas, así como para evitar todo traslado forzado (DU, art. 8).
– Tener en cuenta que todo traslado de población requiere el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados (DU, art. 10).
– Realizar consultas previas, libres e informadas, con el fin de obtener el consentimiento de los pueblos, antes de iniciar cualquier tipo de proyecto en las tierras y territorios indígenas (Convenio 169, art. 6; DU, arts. 19 y 32).
– Tomar todas las medidas necesarias para mitigar los impactos sobre el medio ambiente y los sitios sagrados y culturales de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana ha establecido que antes de otorgar concesiones se deben realizar estudios de impacto ambiental y social, por entidades independientes y técnicamente habilitadas (Caso Saramaka, párr. 129).
– Asegurar el derecho de los pueblos indígenas a conservar y proteger la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos (DU, art. 29).
– Proteger especialmente los recursos naturales existentes en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, lo que implica respetar el derecho que tienen estos pueblos a participar en el uso, administración y conservación de dichos recursos, así como a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos (DU, arts. 29 y 32; Convenio 169, art. 15).
– Tener en cuenta que aunque los recursos del subsuelo existentes en las tierras de los pueblos indígenas sean de propiedad del Estado, los pueblos tienen derecho a ser consultados antes de autorizar o emprender la prospección o explotación de dichos recursos; asimismo, tienen derecho a participar en los beneficios de tales actividades (Convenio 169, art. 15).
– Abstenerse de otorgar permisos o concesiones para realizar proyectos de desarrollo o inversión a gran escala que tengan un impacto significativo en el uso y goce de las tierras territorios de los pueblos indígenas y tribales si no se cuenta con el consentimiento libre, previo informado de dichos pueblos (Caso Saramaka, párr. 134).
– Asegurar la restitución o reparación justa cuando los pueblos indígenas hayan perdido sus tierras y territorios debido a procesos de desarrollo nacional o cuando sus tierras y territorios hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento previo, libre e informado (DU, arts. 20 y 28).
Tom BK Goldtooth (Dientes de oro, en la foto de la derecha), del Pueblo Dakota, Estados Unidos, experto en Justicia Climática, director ejecutivo de Indigenous Environmental Network, una ONG con sede en Minnesota, cofundador de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, presidente del Cuarto Tribunal de los Derechos de la Naturaleza en Bonn (Alemania) y coproductor del galardonado documental Drumbeat for Mother Earth. Grande, en todos los sentidos.
Las Mujeres Amazónicas, especialmente las de mayor trayectoria internacional, eran visitadas y recibían el saludo de otros “hermanos y hermanas indígenas” de otros pueblos y países.
(Participaron en las dos jornadas 600 representantes de más de 70 países).
Artículo: JAVIER RUIZ
